El tripartito ha fracturado el sistema vasco de Servicios Sociales entre las áreas de “Inserción Social” y “los asuntos sociales” y las ha atribuido a dos consejerías dirigidas por dos formaciones políticas diferentes. Por si fuera poco, ambas han funcionado en un clima de competencia.

El gobierno socialista unificará la gestión de los Servicios Sociales en una sola cartera. Crearemos un Departamento de Servicios Sociales capaz de liderar, dirigir y unificar políticas, que desarrolle planificación, innovación, inspección, coordinación, evaluación y calidad, que aporte marca corporativa y herramientas unificadas y fortalezca todo el sistema.

Tenemos un compromiso ineludible con la gestión pública, indispensable en todo lo relativo a la planificación, la evaluación y el control, la financiación y los Servicios Sociales de Base; imprescindible, asimismo, para fijar tanto criterios e instrumentos de calidad como la estructura que brinde el acceso a los servicios, que responderá a principios de eficacia, transparencia y no discriminación.

Asumimos la tarea pendiente de coordinar los Servicios Sociales con el Sistema Educativo y el de Empleo, pero también con los de Sanidad, Vivienda, de Garantía de Ingresos y de Justicia.

Queremos replantear el régimen de financiación de los Servicios Sociales:

• Asignando a los Municipios una financiación suficiente y estable para desarrollar su régimen competencial.
• Apostando por la concertación para sustituir una política basada en la subvención hacia lo privado, fundamentalmente hacia un tercer sector con problemas constantes de tesorería.
• Apoyando la iniciativa social mediante la determinación de cuotas de mercado, reservas de contratos y cláusulas sociales.
• Abogamos por un copago que pivote en torno al principio de capacidad económica, considerando tanto renta como patrimonio individual –no familiar-, y marcando mínimos intangibles tanto de renta como de bienes y desprovisto de todo efecto confiscatorio, que no tome en consideración la vivienda habitual de los usuarios, excepto cuando tengan carácter suntuario. En ningún caso serán objeto de copago las prestaciones de acceso al sistema vasco de los servicios sociales, los servicios de emergencia social, los de ayuda personal, o acompañamiento social con carácter general pero tampoco le será de aplicación el copago en particular a quien acrediten falta de recursos económicos tal y como se desarrollará reglamentariamente en la Nueva Ley de Servicios Sociales.

El personal público de Servicios Sociales merece una especial atención. Es tan necesario ofrecer estímulos profesionales, oportunidades de movilidad funcional y promoción, espacios de intercambio, formación y reciclaje como urgente establecer normas y garantías para los trabajadores del Sector Privado, así como mejorar su régimen retributivo.

Abogamos por redistribuir los Servicios Sociales Secundarios para superar el reparto clásico por colectivos específicos. Se trata de desarrollar Servicios Sociales más polivalentes e integradores, estructurados sobre un triple eje: autonomía-inserción-oportunidades de desarrollo humano.

Asumimos la necesidad de definir desde la Ley de Servicios Sociales una cartera de prestaciones y servicios que ofrezca equidad a toda la ciudadanía, independientemente del lugar donde se viva.

Nos comprometemos a abrir cauces para la participación de la ciudadanía y, muy especialmente, de las personas que utilizan los servicios sociales y de las propias organizaciones voluntarias, en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas de intervención social.

Nos comprometemos a modificar y desburocratizar los métodos de transferencia de renta, ya sea desde el Sistema de Garantía de Ingresos o desde las propias prestaciones vinculadas a los Servicios Sociales, reduciendo carga administrativa y mejorando la intervención de los Servicios Sociales de Base.

Nos proponemos reducir en tres años el periodo transitorio de despliegue de la cartera de servicios y prestaciones, que la Ley de Servicios Sociales dilata hasta los ocho años.

En este desarrollo va a ser fundamental incrementar el gasto social en términos de convergencia europea, para lo cual hay que reabrir debates presupuestarios: sin incremento del gasto, no hay sistema.

No existe una regulación básica sobre los servicios sociales de base, su dimensionamiento y sus funciones. Quienes trabajan en ellos lo hacen con voluntariedad, pero, en muchas ocasiones, sin estabilidad laboral y al amparo de las subvenciones que provienen del Gobierno Vasco. Un Gobierno que ha venido manteniendo, con gravísimo perjuicio para la construcción del sistema social, una división incomprensible entre las áreas de servicios sociales y de lucha contra la exclusión social.

Regularemos los servicios sociales de base en el primer año de la legislatura.

Dotaremos de estabilidad al sistema, mediante un gran acuerdo interinstitucional con EUDEL para su financiación, que garantice su continuidad e impida la desigualdad territorial.

Implicaremos a todo el colectivo profesional en la transformación que exige una política social para unos tiempos nuevos y que no puede hacerse sin su colaboración. Además, se redefinirán sus tareas, porque durante mucho tiempo han ido recayendo sobre ellos todas las acciones de la política social.

Pondremos en marcha procesos calidad y evaluación de los programas del sistema público de servicios sociales en todos sus ámbitos de actuación.

Apostamos por la creación de una Agencia Vasca para la Inserción Social, y de un Observatorio sobre las Situaciones de Exclusión, órgano independiente del Gobierno en el que participarán expertos de la universidad, los sindicatos y las organizaciones sociales y que ayudará a las administraciones en el diagnostico previo a la toma de decisiones políticas. Las conclusiones del Observatorio se presentarán no sólo ante el Gobierno sino también ante el Parlamento y serán objeto de debate social, porque entendemos que es fundamental el debate de las políticas que afectan a la vida de las personas con más necesidades sociales o en riesgo de exclusión social.