Un gobierno socialista ofrecerá confianza y seguridad a los ciudadanos para salvaguardar sus derechos básicos. La Ertzaintza funcionará a pleno rendimiento y en total coordinación con el resto de Policías Locales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la violación sistemática de los derechos humanos y de las libertades que se produce en este país como consecuencia del terrorismo. Pero también abordará la lucha contra las nuevas formas de criminalidad, especialmente la ejercida por organizaciones y también ante la delincuencia común.

En Euskadi, la persistencia del terrorismo de ETA convierte la política en una práctica de riesgo, especialmente para quienes nos oponemos decididamente a la banda armada y a quienes la justifican y amparan. Según Gesto por la Paz, más de 40.000 ciudadanos y ciudadanas de Euskadi (en una población de 2.133.684 habitantes) viven bajo la amenaza de los terroristas de ETA.

En cambio, los porcentajes y tasas de “delincuencia común” que soporta la sociedad vasca son bajos con respecto a la media española (en 2007, en España, según la Fiscalía General del Estado, se abrieron 99,97 diligencias por cada 1.000 habitantes, y en Euskadi 59,10). Estos datos transmiten una percepción ciudadana de tranquilidad (encuestas sociológicas sitúan la “seguridad ciudadana” en niveles más alejados de las preocupaciones de la ciudadanía vasca en comparación con otras comunidades autónomas o países de nuestro entorno).

Sin embargo, en Euskadi, la inversión pública y privada en seguridad es muy alta. El ratio de policías por mil habitantes se sitúa por encima de 7, mientras que la media en el conjunto de España es de 4,2. Este ratio añadido a los costes de la Seguridad pública y privada en Euskadi, determina que en nuestro territorio existe mayor inversión y participación en el PIB con respecto a los recursos para la Seguridad. El presupuesto consolidado en 2008 para Protección Civil y Seguridad” del Gobierno Vasco superó los 636 millones de euros.

En contraste con estas diferencias, Euskadi registra un alto nivel de „impunidad delictiva‟ (el sobreseimiento de diligencias, generalmente por desconocimiento del autor): en 2007 se sobreseyeron en Euskadi el 72,16% de las diligencias, muy por encima de la media del conjunto de España, que ronda algo más del 55%. Por tanto, una primera aproximación en materia de seguridad dibuja un panorama preocupante tanto en la realidad concreta (terrorismo) como  en la deducida (inversiones y “eficiencia”).

En Euskadi existen, en todo caso, condiciones aparentemente consolidadas para llevar a cabo una buena política de seguridad, tanto por su configuración sociopolítica como por la representatividad sociolaboral. Tenemos una realidad territorial muy estructurada (instituciones y asociaciones), con capacidad de interlocución y articulación política. La alta afiliación sindical en las policías y su predisposición a la negociación, forman un marco de buenas perspectivas para implantar políticas activas.

El sistema normativo, consensuado con el PSE-EE, cuenta, asimismo, con posibilidades de desarrollo amplias si se introducen algunas modificaciones.