Luisa Etxenike

Los consejeros del Gobierno vasco han gastado en esta legislatura más de 1,6 millones de euros en viajes al exterior. De esa cantidad, casi un tercio corresponde al Departamento de Asuntos Sociales. Que los mandatarios políticos realicen viajes oficiales al extranjero es una práctica ampliamente extendida y aceptada, sobre la base de que estén justificados los beneficios que esos viajes aportan a la sociedad que los financia, en este caso, la vasca; es decir, de que le queden claros al ciudadano contribuyente los intercambios comerciales o culturales que se han conseguido, los acuerdos de cooperación o de colaboración científica o académica que se han firmado, qué nuevos horizontes se han abierto para empresas, profesionales o creadores, o qué mecanismos se han activado para ampliar en el exterior el conocimiento de nuestro país o para cimentar nuestro prestigio o influencia internacional.

Si ligáramos la aceptabilidad de esos viajes con el nivel y el detalle de la información que sobre ellos recibimos, tendríamos que concluir que la mayoría son inaceptables. Porque en éste, como en tantos otros asuntos, los ciudadanos vascos estamos subinformados, alimentados como mucho de titulares o de enunciados-cáscara, reducidos a la estricta superficialidad. En fin, que sabemos que nuestros consejeros han viajado, que se han gastado lo dicho, pero lo desconocemos casi todo acerca de los criterios con los que se han constituido las, en ocasiones, amplias delegaciones, los objetivos que esos desplazamientos perseguían, los que se han cubierto y, de manera más general, los frutos -materiales e inmateriales- que han cosechado para Euskadi. Entiendo que informar a la ciudadanía de un modo puntual, detallado y sistemático sobre estos viajes tendría, entre otras, la inestimable ventaja de ponerlos inmediatamente en el debate social, es decir, en el intercambio de ideas y criterios acerca de su utilidad y su sentido.

Ese debate se echa especialmente de menos en el caso de los viajes de Asuntos Sociales, porque, además de suponer casi un tercio de la cantidad antes citada (486.466 euros), están motivados por el deseo de comprobar in situ (Bolivia, Guatemala, Cuba, Palestina, Afganistán o Etiopía) cómo avanzan los proyectos de cooperación apoyados por ese departamento. En una época en que las tecnologías nos permiten comunicar, en tiempo real y con todo lujo de detalles multimedia, con cualquier lugar del mundo, es fácil imaginar mecanismos que permitan un seguimiento eficaz y mucho más barato de esos proyectos. E imaginar también que con los cientos de miles de euros así ahorrados se pueden ampliar esas mismas colaboraciones o inaugurar otras nuevas. O atender emergencias sociales allí o aquí donde se producen. Con la ventaja añadida de que el consejero, al viajar menos fuera, tendría más tiempo para viajar al interior de nuestra realidad social: para personarse oficialmente en los cajeros, bajeras, rincones varios donde duerme tanta gente; o en los lugares donde los menores consiguen adquirir alcohol; o en los pisos patera; o en la experiencia cotidiana de tantos ciudadanos vascos que viven por debajo de lo mínimo, de lo justo. Le quedaría tiempo al consejero para realizar todos esos viajes oficiales, imprescindibles, al centro de nuestro asunto social.