Para el Gobierno de Ibarretxe, la vivienda no ha sido una prioridad. Los incrementos presupuestarios han sido inferiores al incremento del conjunto del presupuesto del Gobierno. No ha cumplido el compromiso de enviar al Parlamento la Ley de Vivienda prometida desde 2001, y la Ley del Suelo se aprobó gracias al esfuerzo del PSE-EE, que conseguimos que el Proyecto enviado se convirtiera en  municipalista y ganara en progresismo.

El Plan de Vivienda 2006-2009 recoge la puesta en el mercado de 27.000 nuevas viviendas en cuatro años, un número totalmente insuficiente. Como insuficiente es el porcentaje de VPO destinado al alquiler, el 31%.

Y si el Plan era poco ambicioso, peores son sus resultados. La producción de VPO se mantiene básicamente por la aportación de los ayuntamientos, mientras que las promovidas por el Gobierno Vasco no alcanzan los objetivos y la promoción de VPO en alquiler no llega al 20% del total, muy
por debajo de los compromisos del Plan.

En estos años, además, el Gobierno Vasco ha ido dejando a miles de ciudadanos vascos sin  poder optar a las viviendas de protección pública, congelando artificialmente el importe de los ingresos máximos requeridos. Aunque, debido a nuestras denuncias, ha rectificado en parte, miles de 
vascos siguen sin tener esta posibilidad.

En definitiva, no se han aprovechado los años de bonanza económica y disponibilidad presupuestaria para incrementar en la medida necesaria la producción global de las viviendas de protección pública y la producción adecuada de las diversas tipologías de las mismas (de protección oficial, tasadas y alojamientos dotacionales), para dar respuesta a las necesidades específicas de los distintos grupos de población. Tampoco se ha producido un incremento sustancial del parque público de viviendas de alquiler.

No sólo ha faltado el presupuesto adecuado y no ha habido una gestión eficaz de las promociones del Gobierno Vasco, sino que también se han cometido dos graves errores.

Se han invertido presupuestos cuantiosos en el Programa Bizigune de movilización de viviendas vacías, viviendas que siguen siendo privadas y por las que se pagan a sus propietarios privados rentas altas. Esto ha impedido invertir lo necesario en la creación de un parque público de viviendas en alquiler por el Gobierno Vasco y suministrar las ayudas adecuadas a los ayuntamientos para que impulsaran promociones propias de viviendas en alquiler.

Durante estos años, hemos asistido a la mayor inversión de España para movilizar viviendas libres en alquiler y a las menores ayudas de España para promover viviendas municipales en alquiler. El resultado es que, en 2006 y 2007, sólo el 18% de las viviendas protegidas se han promocionado en alquiler. Únicamente en el tramo final de la Legislatura y tras reiteradas denuncias por nuestra parte durante nada menos que siete años, se han empezado a corregir los programas de ayudas y sus objetivos.

Al mismo tiempo, se ha practicado una política sectaria hacia los diversos protagonistas públicos y privados, con una particular desconfianza respecto de los ayuntamientos, lo que ha hecho perder muchas energías y posibilidades. Solo han ofrecido resultados los programas y las leyes que han sido modificados en profundidad, en gran parte debido a nuestra intervención.

Por lo tanto, hay que poner en marcha nuevas políticas y reorientar programas, además de desplegar las posibilidades que ofrece el marco normativo que el  Socialismo Vasco ha contribuido en gran medida a crear.

En una coyuntura de fuerte desaceleración de la economía en general y del sector inmobiliario en particular, con una crisis sin precedentes del mercado financiero y una grave  falta de liquidez del sistema crediticio, los poderes públicos deben ejercer el liderazgo y tomar la iniciativa de la actividad urbanística y, en particular, para edificar viviendas de protección pública.