Cuando se espera todo del crecimiento económico y se hace del empleo una variable dependiente, las políticas públicas sacrifican la calidad del empleo y prosperan mensajes con consecuencias negativas: "hay que trabajar como sea" o "más vale un empleo precario que ninguno". Todo ello nos conduce a un empleo degradado y de baja calidad.

Si a los trabajadores/as precarios contemplados en las estadísticas, temporales o a tiempo parcial no elegido, les sumamos los trabajadores precarios estadísticamente opacos ‐ trabajo no regularizado, falsos autónomos, trabajadores cedidos por empresas de servicios, trabajadores de algunas subcontratas‐ más de la mitad de los trabajadores vascos se engloban dentro de los criterios que definen la precariedad laboral: la discontinuidad del empleo, el menor nivel de renta, una mayor siniestralidad y el inferior acceso a la protección social.

La temporalidad es muy cara. Consume la mayoría de recursos del sistema de prestaciones por desempleo y subvenciona la estacionalidad y las actividades de menor valor añadido. Pero, además, no estabiliza la inversión en formación y cualificación, desestructura las relaciones laborales y hace caer la productividad.

La economía, un bien colectivo

Una economía saneada, que dé empleo a la ciudadanía y sea capaz de redistribuir de forma razonable la riqueza y los recursos, es un bien colectivo al que no podemos renunciar, ni tampoco dejarlo sólo en las manos de las fuerzas económicas y del mercado.

El acceso al empleo es el vínculo social y el fundamento material de nuestra ciudadanía, aunque ésta no se agota ni se reduce al empleo. La ciudadanía sólo puede construirse materialmente sobre la base de un empleo decente, igualitario y de calidad, de un empleo con derechos.

Tener un empleo garantiza a cada ciudadano tener la libertad suficiente para decidir su futuro. En las sociedades modernas, lo que crea igualdad social es el acceso al puesto de trabajo con las mismas oportunidades de los demás, con una oferta de empleo suficiente para todos.

Debe ser un objetivo principal de la democracia y de las políticas públicas asegurar a los individuos, a los grupos y a las colectividades la posibilidad de convertirse en sujetos libres para actuar desde su propia historia y garantizar su autonomía individual.

El empleo es el gran y el mejor redistribuidor de la riqueza. El paro es una catástrofe personal y social que erosiona gravemente la cohesión de nuestra sociedad. Pero supone, además, un lastre para la protección social y un enorme derroche económico para lasociedad, puesto que las inversiones preventivas frente al desempleo son siempre mucho más baratas.

Es urgente y necesario, por tanto, que las instituciones públicas asuman como compromisos prioritarios el mantenimiento del máximo de puestos de trabajo, la reincorporación al empleo de los que han perdido y la creación de empleo para los que queriendo trabajar no pueden hacerlo.

La hora de las políticas públicas

Vivimos la primera crisis de la globalización: una crisis de legitimidad del sistema económico actual (capitalismo de hegemonía financiera); una crisis de la organización y las instituciones económicas; y una crisis ideológica o de las convicciones y creencias sobre las que se han sustentado la organización y el propio sistema.

La crisis ha dejado al descubierto la insuficiencia del mercado como regulador exclusivo de la actividad económica, por ser incapaz de proporcionar suficiente estabilidad económica a lo largo del tiempo, y la debilidad de los poderes públicos para reaccionar con eficiencia y eficacia ante tales desajustes. El mercado requiere una corrección permanente para evitar los desequilibrios sociales que causa. El más importante, el desempleo masivo, con todo lo que esto significa.

La gran conquista de las democracias ha sido dotar de más seguridad y de más calidad en los servicios a la gran mayoría de la ciudadanía. Este ha sido el logro más importante del Estado de bienestar, cuyo corazón es el pleno empleo. Tiene que ser objetivo estratégico, tanto en la expansión como en la crisis. Sin embargo, las políticas de los últimos años y el modelo ideológico que las sustentaba han supuesto justamente lo contrario: el retroceso desde la seguridad a la inseguridad y el miedo.

El número de ciudadanos con riesgo de caer en la exclusión social crecerá en tanto en cuanto las instituciones públicas no se comprometen en reactivar la economía productiva y dotar de suficiente protección social a quienes han perdido sus empleos.

En la actualidad son más necesarios que nunca para mantener el empleo y la actividad económica el recurso al gasto, e incluso al endeudamiento, así como el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y el aseguramiento y salvaguarda de la demanda efectiva a través de la intervención pública. La recesión en Europa ha anulado los acuerdos de limitación presupuestaria, ya que ahora, cuando la inversión empresarial se resiente, sólo queda la inversión pública para estimular la demanda.

Ha llegado el momento, por tanto, de recuperar el papel de la política para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. La hora de volver a situar el empleo en el corazón de la política y evitar la transferencia del riesgo a los trabajadores, de recuperar, en definitiva, el valor del trabajo.

Diálogo social y esfuerzo compartido

Tenemos que compartir esfuerzos para garantizar un futuro para todos y minimizar los daños que la actual crisis está ocasionando, sobre todo en los más débiles. Y a las instituciones públicas les corresponde ejercer el liderazgo de los esfuerzos colectivos, propiciando un diálogo social reforzado para establecer diagnósticos y objetivos compartidos.

La economía y la intervención de las políticas públicas deben garantizar a todos los miembros de la sociedad una vida autónoma y digna. Siendo esto responsabilidad última del poder ejecutivo, es un grave error pretender hacerlo sólo desde el impulso político, como ha hecho el Gobierno tripartito en Euskadi desde hace una década. Así nos van las cosas.

El diálogo social es una apuesta por la intermediación de los sindicatos y las patronales en las políticas económicas y sociales, expresión y manifestación de una democracia social avanzada. En las democracias europeas, ha demostrado su aportación a la eficacia, la cohesión social y la legitimación en la gestión pública de las políticas económicas y sociales.

El dialogo social es algo más que el derecho a información y participación. Consiste en negociar y acordar, en democratizar al máximo las decisiones políticas, pactando las medidas más eficaces. Y es también el cauce para conseguir que los efectos de la crisis sean equilibrados y no afecten sobre todo a los más débiles.

Los sucesivos gobiernos de Ibarretxe han sido incapaces de practicar el diálogo social, y, con sus propuestas, sólo han generado inestabilidad, enfrentamientos, división y desconfianza. No podemos esperar más.

En Euskadi urge y apremia la puesta en marcha del diálogo social. Es preciso hacer frente a la destrucción de puestos de trabajo, que se está produciendo a un ritmo vertiginoso, avanzando, a la vez, en el cambio de nuestro modelo productivo y mejorando las políticas que favorezcan el bienestar de las personas.

Nuestros históricos déficits de empleo no hay que buscarlos únicamente en la rigidez del marco normativo laboral. Los déficits de nuestro mercado laboral son también de carácter estructural y están muy relacionados con el modelo de nuestra economía, que se ha basado en la precariedad y la alta temporalidad. Se ha optado por que el trabajo sea más barato aunque no sea muy productivo, sin tener en cuenta que las políticas laborales y el modelo productivo son vasos comunicantes, ya que precarizar el empleo da como resultado actividades de bajo valor añadido y de débil competitividad.

Debemos cambiar el modelo productivo, con prácticas generalizadas de innovación tecnológica, mejoras en nuestro sistema educativo y en el conjunto de nuestras infraestructuras públicas que garanticen el incremento de nuestra productividad y que posibiliten el mantenimiento de un ritmo de crecimiento económico sostenido. Este es el contenido fundamental de nuestro diálogo social, ya que la estructura económica condiciona la estructura social y, en definitiva, el modelo de sociedad.

Debemos ser capaces de retener el talento. No podemos permitirnos que nuestros jóvenes, la generación mejor formada y preparada que hemos tenido nunca, sientan que están de más, que son superfluos. La falta de un empleo a su medida les impulsa a muchos de ellos a buscarlo fuera o retrasa su emancipación, lo que, o bien provoca la pérdida de un importantísimo capital humano o priva a esos jóvenes de la libertad para decidir de verdad su propio futuro.

Contra la resignación, la incertidumbre y la frustración

Frente al proyecto agotado de quienes nos han gobernado los últimos diez años, el futuro Gobierno Vasco de cambio tiene que asumir el firme compromiso de situar el empleo como objetivo prioritario: Para ello, es preciso:

1. Poner en marcha el diálogo social y buscaremos un gran pacto económico, social y político entre las instituciones, la patronal y los sindicatos para hacer frente a la crisis económica.
2. Activar políticas anticíclicas de generación de la demanda mediante un aumento del gasto público que contribuya a generar empleo. Modernizar colegios y centros de salud, acelerar la ejecución de los proyectos de infraestructuras ya en marcha y aprobar nuevas inversiones para iniciarlas en 2009 y 2010.
3. Abrir nuevas líneas de financiación para las empresas, y prestaremos un especial apoyo a a las pymes, las microempresas, los autónomos y los emprendedores.
4. Recuperar el diálogo entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España para asumir la competencia en políticas activas de empleo para reordenar y reorientar la acción contra el paro y la creación de puestos de trabajo evitando las duplicidades y el despilfarro económico que ahora se produce.
5. Impulsar un programa de inserción laboral de los parados que agoten sus prestaciones por desempleo.
6. Apostar decididamente por la innovación, mejoraremos la formación y apostaremos por retener el talento de nuestros nuestros jóvenes, a través de una oferta laboral atractiva que les permita mirar al futuro con un horizonte de altas expectativas en estabilidad, y progreso.
7. Consolidar y profundizar la protección social pública, con especial atención a las políticas al servicio del bienestar de las personas: Ley de Dependencia.
8. Financiar planes especiales para apoyar a los ayuntamientos en sus proyectos de mejora de infraestructuras y equipamientos urbanos, nuevas dotaciones y servicios, y para regenerar zonas degradadas.

El empleo no puede sufrir los avatares del enfrentamiento político en Euskadi, y por ello es necesario, hoy más que nunca, que la unidad sindical y el diálogo social se fortalezcan para crear y desarrollar políticas positivas en este campo del empleo. El Gobierno de cambio tendrá que sumar los esfuerzos de todos los sectores sociales y apostar por la cooperación y el consenso entre todas las instituciones vascas, españolas y europeas para hacer frente a la crisis económica, paliar sus efectos y salir de ella reforzados. Y deberá hacerlo desde el firme convencimiento de que el empleo tiene que ser el corazón de las políticas públicas.