Cuando hablamos del Tercer Sector o de la iniciativa social nos referimos a actividades y organizaciones orientadas a la ayuda mutua o al bien común que surgen del tejido comunitario sin obligación legal ni ánimo de lucro y en clave altruista y solidaria. Hablamos del asociacionismo y del voluntariado, de fundaciones y cooperativas de iniciativa social, de la economía alternativa y solidaria, de los movimientos barriales y de cooperación al desarrollo, de pequeños grupos y de redes internacionales... Su importante dimensión y su peso económico, político, cultural y social en Euskadi, tanto en la actualidad como en el futuro, están fuera de duda.

Nos comprometemos a impulsar vías de interlocución entre el Gobierno y las organizaciones y redes del asociacionismo voluntario y la participación cívica.

Medidas:

• Promover una política europea, estatal, autonómica, territorial y municipal de reconocimiento del sector no lucrativo y de respeto y potenciación de su valor y especificidad para la prestación de servicios; en particular, en lo que tiene que ver con la relación público-privado y el debate acerca de la libre competencia y las ayudas de Estado.
• Apoyar desde los poderes públicos la creación, el fortalecimiento y el desarrollo de organizaciones y redes del Tercer Sector mediante la aportación de infraestructuras públicas para las actividades solidarias, un tratamiento fiscal favorable, la potenciación de la responsabilidad social corporativa y la concesión de ayudas a actividades innovadoras favorecedoras de las redes de apoyo social y participación cívica.
• Impulsar el desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
• Diferenciar el espacio de la gestión concertada de servicios públicos por parte de la iniciativa social y el del fomento de la iniciativa social por parte de las administraciones públicas, utilizando en cada caso las medidas e instrumentos adecuados y potenciando las relaciones de colaboración en pie de igualdad entre el sector público y el tercer sector.
• Potenciar desde la administración pública el servicio, la estabilidad en la gestión y la calidad en el empleo que reivindica el Tercer Sector, promoviendo la autorregulación del sector.
• Promover la extensión de la utilización en la contratación pública de cláusulas sociales que permitan reconocer el valor social añadido de aquellas entidades y empresas que promuevan la ayuda mutua, la inserción laboral de personas en dificultad, la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, el desarrollo endógeno, la igualdad de género y la autogestión social en la respuesta a las necesidades y problemas sociales.
• Simplificar y agilizar los trámites y procedimientos para la relación entre el Tercer Sector y las administraciones públicas para favorecer especialmente al segmento de organizaciones menos profesionalizadas, más próximas a las familias y comunidades y más enraizadas en el territorio.
• Impulsar la participación de la ciudadanía, tanto individualmente como a través de asociaciones y promover procesos de participación ciudadana, a través de entidades del Tercer Sector, para construir, implantar y realizar el seguimiento de las políticas públicas.
• Denunciar y combatir las conductas de colonización, manipulación, cooptación y clientelismo que algunas personas con responsabilidad política e instituciones públicas mantienen hacia organizaciones del Tercer Sector.
• Combatir decididamente, con la colaboración de las redes del Tercer Sector, la utilización espuria de las formas jurídicas propias del sector no lucrativo por parte de grupos sin base social ni aliento ético que no aportan el valor añadido específico propio de la acción voluntaria y el altruismo solidario.