A lo largo de la última década, y como consecuencia de un importante incremento de las exigencias de control administrativo del marco jurídico que regula las autorizaciones ambientales, se producen retrasos generalizados y crónicos en las tramitaciones. Estos importantes retrasos, en la media que afectan a la práctica totalidad de los nuevos proyectos a desarrollar en la CAPV, ejercen de freno para la puesta en marcha de las nuevas iniciativas empresariales y provocan paralizaciones y bloqueos en proyectos ya operativos que precisan de una resolución administrativa para su continuidad o certificación. Ejemplos de todo ello son la revisión de los estudios y caracterizaciones de suelos, las autorizaciones como productores de residuos, las autorizaciones ambientales integradas, etc...

Uno de nuestros objetivos prioritarios es proceder a una reingeniería de los actuales procesos de tramitación administrativa, apostando por un modelo ya implantado en el centro y norte de Europa para reconducir a cuotas más razonables el periodo en el que la Administración valida y autoriza los proyectos sometidos a trámite. Pretendemos que el esfuerzo administrativo se centre en el proceso de control e inspección de los proyectos ya implantados.